El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Protestas sindicales y tensión en las calles

Mientras se desarrolla el debate parlamentario, el Frente Sindical de Unidad (FRESU) encabeza una jornada de protesta frente al Congreso. La movilización incluye un cese de actividades y una concentración que partió desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Parlamento.

Confirmaron su adhesión la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintos referentes gremiales. Los organizadores sostienen que la reforma laboral implica una pérdida de derechos en un escenario de caída del consumo, aumento de costos y dificultades crecientes para las pymes.

Además, cuestionan la baja de la edad de imputabilidad por su posible impacto en jóvenes de sectores vulnerables y advierten sobre una “criminalización de la pobreza”.

Durante la mañana se registraron momentos de tensión en la Avenida 9 de Julio entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en un operativo que busca evitar cortes totales y garantizar el funcionamiento del Congreso.

La CGT y la vía judicial

La Confederación General del Trabajo (CGT) no convocó formalmente a la movilización de este viernes, pero anticipó que avanzará con una impugnación judicial si la reforma laboral es sancionada. También anunció una marcha hacia el Palacio de Tribunales para el lunes próximo.

De esta manera, el conflicto podría trasladarse del ámbito legislativo al judicial, en caso de que el oficialismo logre convertir en ley los proyectos.

Un cierre de extraordinarias con alto impacto político

La sesión marca el tramo final del período extraordinario, en el que el Gobierno buscó consolidar su agenda legislativa con iniciativas de fuerte peso político y económico.

En el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para aprobar ambas normas y enviar una señal de fortaleza institucional. Sin embargo, el escenario externo —con protestas y tensión social— introduce un factor de presión que trasciende la aritmética parlamentaria.

Dentro del recinto se cuentan votos. Afuera, se mide la calle. El resultado de esta jornada no solo definirá el futuro de la reforma laboral y de la baja de imputabilidad, sino también el clima político que marcará el inicio del próximo período legislativo.